LA
OTRA CRISIS, LA MISMA
Por
Rafael Venegas
El gobierno de Maduro ha logrado un
“milagro” pocas veces visto en los anales de la economía mundial: con precios
petroleros de $100 por barril y los ingresos fiscales más altos de nuestra
historia ha producido la inflación más alta del mundo, una contracción del
aparato productivo nacional que ya da claras señales de recesión, una dramática
escasez de productos de primera necesidad y un brutal endeudamiento público que
alcanza la astronómica cifra de 240.000 millones de dólares.
La inflación de abril cerró en
5,7%. La acumulada en los primeros cuatro meses del año es de 16,3% y la
anualizada se ubica en 61,5%, pero en el renglón de alimentos se eleva al 79%.
La actividad económica en el primer trimestre de 2014 retrocedió a -3% del PIB
y el índice de escasez traspasó la frontera del 30%. Las reservas
internacionales han caído drásticamente y la carencia de dólares ni siquiera
alcanza para cubrir las importaciones de las que dependemos como nunca antes. En
lenguaje llano, esto significa más carestía, más cierre de empresas y mayor
desempleo, mientras se agrava el peregrinar de nuestra gente de cola en cola
para procurarse los artículos de la cesta básica. Y en medio de este caos, el
hampa desbordada implantando su gobierno de calle, con la misma impunidad y
saña con la que actúa la nueva élite en el ejercicio del poder.Para obtener un
resultando tan funesto se necesita –como en efecto– políticas económicas
erróneas, una gran ineptitud para gobernar, mucha capacidad de despilfarro y
una corrupción del tamaño del colosal desastre ocasionado al país. Solo así se
puede dilapidar más de un billón quinientos mil millones de dólares, arruinar
la economía, empobrecer a nuestra gente y enriquecerse la cúpula gobernante.
He allí el mar de fondo sobre el
que cabalga el movimiento de protesta estudiantil y popular que estalló hace
tres meses, como expresión del profundo malestar social que embarga a la
inmensa mayoría del país, el cual ha tenido como única respuesta oficial el
empleo desproporcionado de la fuerza policial y militar del Estado, la
violación masiva de los derechos humanos, la criminalización y judicialización
de la protesta y una campaña sistemática orientada a descalificar la lucha y
justificar la represión. El saldo de esta política hasta ahora es: 44 muertos, centenares de heridos, decenas de ciudadanos
sometidos a torturas o tratos crueles, dos alcaldes destituidos de sus cargos y
enjuiciados criminalmente, líderes políticos encarcelados o perseguidos, centenares
de presos y casi 3.000 personas sometidas a régimen de presentación ante los
tribunales del país. Todo ello configura una crisis política cuya gravedad ha
forzado la intermediación internacional, en un intento de diálogo que por lo
pronto no asoma soluciones a los problemas planteados.
Se trata de dos crisis que son una
sola y la misma. Dos crisis andando, por ahora, por caminos paralelos. Dos
facetas en realidad de una sola gran crisis general que más temprano que tarde
deberán encontrarse en un mismo cauce, en el que confluirá el descontento
popular –que ya abarca al 69,2% de nuestros compatriotas, según las más
recientes encuestas– con un proyecto de cambio hecho conciencia política y
mayoría nacional.
De parte del gobierno no podemos esperar
más que represión y paquetazo económico (nuevas devaluaciones de la moneda, aumento
de la gasolina, incremento de las tarifas de los servicios públicos, mayor
presión fiscal y tributaria sobre productores y consumidores, más carestía,
endeudamiento y escasez, negación a discutir las contrataciones colectivas y
los aumentos salariales y el intento por ponerle la mano al dinero de las cajas
de ahorro y los fondos de pensiones de los trabajadores; o sea, el mismo
paquete de medidas neoliberales impuesto por el FMI y aplicado durante el
gobierno de CAP II). Del lado de las fuerzas alternativas al régimen, se impone
el reto de concretar un proyecto de cambio que haga renacer la certidumbre y la
esperanza allí donde hoy reina el desencanto y la frustración. Un proyecto que
haga compatible la justicia social con el ejercicio de las libertades públicas
y el respeto de los derechos humanos; en el que el desarrollo se traduzca en
progreso para el pueblo y la nación, venezolanos en comunión con la naturaleza
y en resguardo de la soberanía nacional. Es la gran tarea de los sectores
progresistas del país, en medio de tantos matices que convergen en la
variopinta oposición venezolana.
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